Aunque parece que la situación que se cernía sobre la Escuela Concertada a raíz del Plan de Reconstrucción por el COVID 19 del Gobierno de España ya ha pasado (aquí puedes leer las declaraciones del portavoz de la Plataforma de los Colegios Concertados al respecto, el pasado 23 de julio), no está de más traer a nuestra web la entrevista que hicieron también en Julio a Simón Cortina, cmf, Director del Colegio Corazón de María de Gijón y presidente de Escuelas Católicas en el Principado de Asturias (FERE-CECA y EyG), compareció invitado a los estudios de la cadena COPE con ocasión de dicho plan que el Gobierno de España pretendía aprobar para la reconstrucción social y económica del país, y que afectaba directamente al ámbito educativo estableciendo una diferenciación entre la red de colegios públicos y los de titularidad concertada. El hecho es que en el borrador elaborado por el Ejecutivo se excluía a la escuela concertada de los dos mil millones de euros que a partir de ahora, y en el marco de este plan, serían destinados a Educación. Entonces, Simón afirmaba que “la noticia es una triste sorpresa. No acabamos de entender por qué esta discriminación, que además contradice el conjunto de mensajes que nos han ido llegando en estas últimas semanas, aquellos que apelaban a la unidad para salir juntos y más fuertes de esta crisis. Con la aprobación de este plan, el Gobierno sabe que quedarán desatendidas un enorme número de familias y alumnos vulnerables que están matriculados en nuestros centros”.
El anuncio de esta noticia fue también recibido con perplejidad por parte de los responsables de los centros concertados, ya que en reuniones mantenidas periódicamente con máximos dirigentes de las Consejerías de Educación de cada Comunidad Autónoma desde el inicio de la pandemia –“la última hace apenas unos días”, apostillaba entoces el claretiano–, se había asegurado que no habría ningún tipo de exclusión en el reparto de recursos económicos por parte del Gobierno de la nación. Sin embargo, las medidas finalmente adoptadas habían sido bien distintas, y la Consejería había resuelto no transferir ni un euro del presupuesto anunciado a la red de centros concertados. Por su parte, la escuela pública también había rechazado el plan, por considerarlo insuficiente y ambos, al fin, anunciaron movilizaciones para aquellos días. “Si no nos quieren a su lado, nos tendrán enfrente”, advertía entonces Cortina. “A las necesidades que ya existían se suman otras nuevas, como por ejemplo las de tipo tecnológico y de redes de comunicación, es decir, las que garanticen el aprendizaje del alumno en esta nueva normalidad que en nuestro caso llegará una vez transcurrido el verano, y que no sabemos cómo se desarrollará”, completó.
Pero la preocupación de Escuelas Católicas iba más allá del cómo hacer frente al desembolso que procurarse el mayor bien de las familias, “que requerirán de equipos propios para el seguimiento y atención educativa”, como decía. O a aquellas otras relativas a la compra de lo necesario para garantizar la seguridad y la higiene, “tanto para profesores y trabajadores de cada colegio como para los propios alumnos”. La cosa venía de unas semanas antes cuando comenzaron a caldearse los ánimos con la tramitación de la ‘Ley Celaá’ en el Parlamento durante el Estado de Alarma; hecho que, aun estando confinados, avivó distintas protestas en redes sociales al considerar que se centraba en el freno y la discriminación al modelo de escuela concertada, y se hallaba lejos de buscar consenso de todos los actores educativos. “Nos preocupa la eliminación de la demanda social”, afirmó Cortina en la misma entrevista. Efectivamente, llevar a término este argumento sería algo así como decir que la Administración ni siquiera debe valorar la elección de las familias, de los ciudadanos, para establecer las vacantes en la programación de puestos escolares. De tal modo, el presidente de Escuelas Católicas en Asturias, razonaba que con esta ley “el Gobierno quiere convertir la escuela concertada en subsidiaria de la pública, pero eso no es así, porque son complementarias. Es decir, la concertada no está para llegar donde no llega la pública, sino para que los padres puedan elegir dentro de lo que la legislación reconoce”. Dicho de otro modo, la eliminación de la demanda social supondría el cierre de unidades concertadas con demanda en beneficio de públicas vacías.
Aporte de la Escuela Católica
A la pregunta de cuáles son las principales aportaciones de la escuela católica en la sociedad, Simón Cortina respondía con claridad que: “nuestros centros han de tener la oportunidad de manifestar en esta sociedad plural y diversa su proyecto educativo y pedagógico. Lo cual no significa hablar solo de educación a nivel curricular”. En este punto, Cortina se refiere al ideario de los centros, elemento nuclear de la libertad de enseñanza, pues el carácter propio de cada escuela es lo que justifica en último término la existencia de los centros de iniciativa católica, muchos de ellos llamados concertados por el instrumento de financiación que actualmente se utiliza. Así, el claretiano continuaba afirmando que “aportamos educación en valores, más concretamente, cultivamos la dimensión transcendente de la persona. Nosotros queremos evangelizar y nuestros colegios son plataformas de evangelización con las que buscamos llegar a alumnos y familias. Tenemos muy clara nuestra propuesta y la presentamos transparentemente, esperando poder entablar un diálogo con la sociedad”.
